La Ley del Suelo, factor de reconstrucción del aparato de dominación de la oligarquía canaria

Canarias, como todos los pueblos del Estado español, está afectada por lo que se ha dado en llamar una crisis de régimen, que se produce cuando las instituciones políticas de un país se muestran incapaces de resolver una crisis económica; antes al contrario, sus esfuerzos se encaminan exclusivamente a favorecer a las élites detentadoras del poder económico, principales causantes del problema. Esto origina el desprestigio social de las instituciones políticas y fuerza la pérdida de legitimidad de quienes han gobernado y dirigido el país durante los últimos cuarenta años.

Antes de la crisis, bajo la pauta de la especulación y el pelotazo inmobiliario, los intereses de los grandes empresarios, unidos a los de una élite política corrupta y clientelar, gestaron una variante de crecimiento económico que generaba empleo (siempre con un paro estructural superior al de los países de nuestro entorno) y atraía rentas externas. El Estado y sus instituciones a escala autonómica permitían y promovían un modelo de crecimiento, cuyas principales características eran el endeudamiento privado, las burbujas especulativas y la desigualdad social. Pero la profundidad de la crisis ha desarticulado esa red de intereses en medio de un tsunami de casos de corrupción que afecta a todo el territorio nacional (Canarias es la cuarta c omunidad autónoma en casos judicializados “de extrema complejidad”). El modelo se ha agotado y con él ha perdido sentido la configuración misma del Estado, dando lugar a la citada crisis de régimen.

MERCANTILIZACIÓN DEL SUELO.- Ante esto, los grandes empresarios cuyos beneficios están en juego, exigen a los poderes públicos nuevas reformas estructurales de carácter neoliberal, con el objetivo de recuperar la acumulación de capital anterior. Concretamente en Canarias, junto a las exigencias generales de incremento de la explotación laboral, recortes, pérdida de derechos sociales y privatización de servicios públicos, la élite empresarial añade una demanda particular, que constituye un atentado capital a los intereses comunitarios: la mercantilización del suelo. Es decir, que el territorio del Archipiélago sea considerado no patrimonio de sus habitantes y sustentáculo de necesidades colectivas de todo tipo, sino mero objeto de negocio privado.

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